La llegada del Fondo Next Generation EU (NGEU) -fondo europeo de recuperación y reconstrucción-, constituye un indudable estímulo para incentivar los planes de recuperación económica previstos para hacer frente a los daños causados por la pandemia COVID19. A la vez, no deja ser un reto que pondrá a prueba nuestra capacidad a la hora de gestionar y canalizar la recepción de esta importante ayuda.

Así, tras la aprobación por el Consejo de la Unión Europea, el 21 de Julio de 2020, del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU, el Gobierno de España ha iniciado la elaboración de un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyo objetivo es, entre otros, canalizar la recepción de los fondos habilitados desde la Unión Europea.

En este escenario se ha publicado el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de Diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene como objeto facilitar el diseño y ejecución de las actuaciones financiables con fondos europeos, así como la implementación del Plan.

EL NGEU, creado a raíz de la crisis económica generada por la COVID-19, promueve la modernización de las economías europeas. En una primera fase, España recibirá financiación canalizada mediante dos instrumentos del NGEU:

1.-El Mecanismo de Recuperación y la Resiliencia (MRR); concentra 59.000 millones de euros que deberán ser ejecutados entre 2021 y 2026.

2.-El REACT-EU, que habilitará la obtención por España de fondos por importe de 12.400 millones de euros, a materializar entre 2021 y 2022.

El acceso de las empresas a la disposición de estos fondos exigirá la presentación de proyectos que cumplan las directrices y condiciones que se definan en cada caso, tanto en cuanto a las áreas de inversión como respecto a los plazos de ejecución. Será necesaria una colaboración entre, por un lado, nuestras instituciones y, por otro, las empresas privadas, para que, de forma coordinada, se presenten proyectos financiables que cumplan con las exigencias definidas por la Unión Europea y, a la vez, generen un impacto real capaz de reactivar el tejido empresarial.

Es importante subrayar que las áreas de inversión a las que se destinarán los fondos deberán estar orientadas a tecnologías limpias o renovables, mejora de la eficiencia energética en edificios, transporte sostenible, 5G, digitalización de la Administración y sistema educativo.

Se inicia así un ciclo de posibilidades que habilitará el crecimiento de aquellas empresas que apuesten por los sectores hacia los que se canalizarán los fondos procedentes de la Unión Europea.

Una etapa de oportunidades, en definitiva.