Con fecha 17 de Marzo de 2020 El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18/03/2020) 

El ejecutivo destinará 200.000 millones de euros, de los que 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos, correspondiendo el resto a recursos privados.

Analizamos los aspectos más destacables de las medidas adoptadas, en los ámbitos económico y laboral.

Inyección de liquidez a las empresas

El Gobierno ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Se estima que la incorporación de la financiación de origen privado permitiría alcanzar una cifra entre 150.000 y 200.000 millones de liquidez en el sistema económico.

En paralelo, se simplificará la restructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía, se potenciará la implantación de programas de apoyo a la digitalización, y se habilitarán avales adicionales de 2.000 millones de euros para empresas exportadoras.

Se reforma la normativa sobre inversiones exteriores como medida de protección de empresas españolas enclavadas en sectores estratégicos cuyo valor haya sufrido una caída, con objeto de impedir operaciones de adquisición y toma de control por parte de empresas no pertenecientes a países de la Unión Europea.

En materia de contratación pública se implementan medidas de ayuda y apoyo a empresas contratistas.

Protección del empleo

Se facilita la adaptación o reducción de la jornada de trabajo de los trabajadores con objeto de favorecer las necesidades de conciliación que han surgido a raíz de la presente crisis. En esta línea, se potencia la fórmula del teletrabajo como medida alternativa de prestación de servicios.

Los ajustes temporales de plantilla se llevarán a cabo a través de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTES). Los ERTES causados por la crisis del coronavirus serán considerados de fuerza mayor. Asimismo, se reconocerá la prestación contributiva por desempleo, aunque el trabajador no cumpla el requisito de cotización previa exigido.

Por otro lado, se flexibiliza el cese de actividad para los autónomos, haciéndolo compatible con la exoneración de pagos a la Seguridad Social. Se persigue facilitar a los autónomos la percepción de de prestaciones en situaciones de dificultades económicas.

Apoyo a colectivos vulnerables

El Gobierno destinará 600 millones de euros para la financiación de prestaciones básicas de los servicios sociales, haciendo hincapié en la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.

Se pone en marcha una moratoria en el pago de cuotas de hipotecas, a favor de deudores en situación de especial vulnerabilidad. Se pretende proteger el derecho a conservar la vivienda.

Se amplían las garantías de suministro de energía y de agua, así como los servicios de telecomunicaciones.

Impulso en el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19

Se pone en marcha un importante refuerzo de la investigación científica en marcha para del desarrollo de una vacuna eficaz contra el COVID-29. Así, se habilita una dotación de 30 millones de euros destinada al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y al Instituto de Salud Carlos III.